Universidades públicas con los bolsillos desgarrados

Universidades públicas con los bolsillos desgarrados

En primer lugar, antes de analizar este texto debemos situarnos en él, conocer cuáles son los temas a tratar y fundamentalmente conocer la posición del autor.  El artículo periodístico titulado “Universidades agonizando no porque falte presupuesto si no porque sobran ladrones”, escrito por el economista, investigador social, columnista y profesor Manuel Humberto Restrepo Domínguez,  enfatiza en la crisis que están soportando las universidades públicas en Colombia, pues su presupuesto se ha reducido de un 73 por ciento en 1993 al tan solo 48 por ciento en el 2016. Sin embargo la discusión se expande a otros ámbitos, pues de los recursos que se prometieron invertir educación pública después de la reforma tributaria (gracias a las que cambian los impuestos a las personas o empresas) del año 2016 tan solo se entregaron 162.000 millones de pesos de los que se esperaban 465.000 millones. ¿Qué ha ocurrido con este dinero? ¿La corrupción comienza a ser partícipe de la tragedia?

Manuel Humberto resalta el significado de la palabra conciencia. A partir de esta, el autor del artículo nos desarrolla su tesis, en la cual plantea que no hace falta tener algún tipo de relación con la educación en Colombia para tener la capacidad de analizar y así comprender que es lógico el hecho de que se esté luchando por la manutención de las Universidades públicas. También expresa sus críticas hacia el mal manejo del dinero destinado por el gobierno a la educación pública, se prefiere asignar para el pago de la deuda, la defensa y el ejército; lo poco dirigido a la enseñanza (los 500.000 millones propuestos por el presidente Iván Duque), es un monto insuficiente comparado con la deuda histórica de los 3,2 billones de pesos en funcionamiento y aproximadamente 15 billones en infraestructura.

La verdadera clave del progreso, desarrollo, bienestar y felicidad de las naciones se relaciona con la calidad de la educación, según Manuel Humberto más allá de los posibles usos disolutos del dinero que buscan el máximo beneficio económico del país tales como superioridad en asuntos de guerra, los gobernantes se encuentran cegados por la ambición autodestruyendo el futuro de los jóvenes pertenecientes al sector de la población con menos recursos, aquellos que no pueden ir en busca de otras posibilidades nuevas a una nueva nación o no pueden asumir los altos costos de las universidades privadas, condenando a Colombia a la miseria e ignorancia.

El principal problema, tal y como dice Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba es y lo cito a continuación “el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, pues el legislador del momento nunca pensó en el crecimiento de las universidades, y que no se iban a mantener quietas.” Es aquí cuando, un dato interesante, nos damos cuenta de que el problema estás situado hacia un ámbito más histórico. Muchos ignoran estos problemas bases. El artículo 86 detalla que el financiamiento de las universidades se otorga de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los rectores de las instituciones aseguran que como dicho índice no crece, ellos están congelados. Para entender más a fondo esta problemática la Ley 30, como bien mencioné en el punto anterior,  dice que el gobierno colombiano debe incrementar el presupuesto al menos a lo equivalente al IPC, pero para comprender la gravedad del asunto mejor, sólo basta pensar en que no es lo mismo lo que aumenta el precio de un tomate a un enorme sistema educativo. Existen estimaciones que dictan que el incremento mínimo, debe ser el IPC más cuatro puntos, pero se sigue recibiendo sólo lo del IPC, que de igual forma es escaso tomando en cuenta el ejemplo brindado previamente. A la Universidad Nacional, que tomaremos como guía para continuar conociendo el inconveniente hasta sus entrañas, un estudiante de pregrado le cuesta al año 9.900.000 pesos y la matrícula promedio es de 1.400.000 pesos al año. Mientras que en 1993 el aporte que daba la nación por estudiante era de 10.825.000 pesos, en el 2018 solo llega a 4.785.000 pesos. Ya entendemos tal desfinanciación que está afectando el sostenimiento y la calidad de la educación pública.

Otros tema a tratar, y que de nuevo justifica la fuerte crítica del autor hacia el Estado colombiano, con la cual me encuentro muy de acuerdo, es el hecho de que las universidades públicas sólo reciben el 10% del total de los recursos asignados a la educación, pues de los 693.200 millones que esperaban llegaron solo 360.000. El resto se fue a financiar becas del Icetex y Ser Pilo Paga. La mayor parte de los créditos que entrega la institución van dirigidos a estudiantes que entran a universidades privadas y  un mínimo porcentaje se dirige a las estatales. Esos programa no se puede financiar con los recursos de las universidades públicas, es incoherente.

Como conclusión, puedo decir que es inaceptable que a pesar de las manifestaciones “llenas, sin el menor asomo de violencia, con una forma organizativa renovada, creativa y convencida de la necesidad de que la universidad es un bien público innegociable y la educación un derecho irrenunciable”  tal y como lo expresa Manuel Humberto en su propio escrito, algunos líderes hayan recibido malos tratos por parte de senadores o ministros en la búsqueda de soluciones pacíficas y viables. Desde mi punto de vista, las soluciones propuestas como reformar la Ley 30, especialmente el tema de financiamiento y la importancia de una nueva política estatal de la universidad pública, son coherentes y deberían ser al menos pensadas antes de argumentar que el Presupuesto Nacional se encuentra destinando el mayor monto visto en los últimos años hacia el sector de educación pública, dejando así la problemática abierta.